¿Y yo por qué?
El día de ayer se llevó acabo la audiencia en el proceso que se sigue en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México por la desaparición forzada y el homicidio de Rosendo Radilla Pacheco, en el que se acusa a nuestra nación de crímenes de lesa humanidad.
Nuestra país fue representado, entre otros, por el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, pero en lugar de ser una defensa institucional, en ocasiones se asumió una vez más la actitud que ha distinguido a los gobiernos panistas del ¿y yo por qué?
Durante la audiencia nuestros representantes aceptaron la desaparición forzada y probable muerte de Rosendo Radilla Pacheco; sin embargo, rechazaron los cargos en su contra con el argumento de que el tribunal internacional no tiene competencia en el caso. “Sería incorrecto que la corte juzgue a México por hechos que sucedieron años atrás, el país de hoy es distinto al de ayer”.
El secretario adujo que la guerra sucia ocurrió porque “la conflictividad política” del país “era una realidad” de un sistema “hegemónico” que fue impuesto por el PRI y “centralizado en la figura presidencial, en donde no existía contrapeso”.
De la respuesta militar a los conflictos en la guerra sucia, alegó que el sistema del PRI dificultaba la alternancia del poder y otros grupos que eligieron “estrategias violentas provocaron el resguardo cada vez más celoso de dicho sistema para contenerlos”.
Es absurdo que al asumir la defensa del Estado mexicano se acuda con un discurso tipo “lo que no fue en mi año no fue en mi daño”.
El que esta en el banquillo de los acusados no es el PRI, es el Estado Mexicano, y más aun: olvidan que si el caso llegó hasta la Corte, es porque el gobierno de Felipe Calderón no acató las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, momento en el que se volvieron también parte del problema.
Seguramente con esta excelente defensa nuestro país será condenado a la reparación del daño y se nos obligará a cambios legislativos como reformas al fuero y al código de justicia militar; la recuperación de los cuerpos de los desaparecidos y obras públicas para el pueblo de Atoyac.


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