El pasado domingo 21 encontraron las cabezas cercenadas de ocho militares a un lado de la tienda Sam’s Club, en la ciudad de Chilpancingo , Guerrero, con un mensaje muy claro: “Por cada uno que me maten yo les voy a matar a 10 militares”.

El comandante de la novena región militar, señaló que fue un “grave error [de] los delincuentes ese atrevimiento“ porque “constituye una ofensa a las instituciones y, especialmente, a quienes vestimos el uniforme castrense”. y declaró “abierta la guerra” contra el crimen organizado durante el homenaje efectuado en la 35 zona militar.

Estas fueron las declaraciones públicas, pero no dudo que en privado fueron mucho más fuertes.

Este no es un asunto menor, ya que es un indicativo de que la lucha se volverá más cruenta con el costo que nos implica a la sociedad.

Y ese el riesgo de tener al ejército en las calles sin un marco legal adecuado.

Es el reflejo de la cobardía de los diputados y senadores para crear ese marco legal, que de facto ya existe.

En los sitios donde existe el operativo de México Seguro, sin duda se han presentado violaciones a las garantías individuales que pone en riesgo la estabilidad de las instituciones y de la sociedad misma

Pero la mezquindad del Congreso no ha tenido límites, alimentada por su egoísmo e intereses partidarios, por lo que se han negado a crear el paquete legislativo adecuado para las difíciles circunstancias que el país vive.

Y me refiero a la suspensión de garantías.

No seriamos el primer ni el último país del mundo en dar esta respuesta en contra de la violencia que ataca a la sociedad.

Ya lo hizo Estados Unidos con la Ley Patriota, en la que se redujeron garantías de los ciudadanos.

Y también lo hizo la India, aunque las medidas propuestas han sido altamente criticadas por los organismos internacionales.

En ningún momento estoy pensando en que lo propongan los diputados o el Estado sino que la propuesta de norma debe salir de la sociedad. En México existen grandes expertos en Derecho Penal, Constitucional, Derechos Humanos, que podrían plantear la legislación adecuada.

El crimen es un tumor cancerígeno y la única forma de evitar que nos siga dañando es extraerlo de raíz, y si tenemos que crear un sistema legal paralelo debemos asumir ese riesgo.