Nuestro país esta viviendo una situación desesperada con altos índices de delincuencia, entre homicidios y secuestros y de la cual ya todos estamos hartos.

Y lo único que escuchamos son promesas y discursos por parte de los políticos, con propuestas que tendrán efectos en un mediano y largo plazo cuando el problema de la inseguridad no va a esperar.

Recapitulemos y hagamos historia. No es la primera vez que la sociedad mexicana se ve impactada con altos índices de delincuencia en los que pareciera que el país se nos va de las manos.

Benito Juárez, Porfirio Díaz y Francisco I. Madero, vivieron épocas de gran conflicto y tomaron medidas extremas para atender situaciones extremas: suspendieron las garantías de salteadores de caminos, ladrones, traficantes de armas, plagiarios, e incluso en algunos casos aplicaban un juicio sumario y la pena de muerte.

Estos políticos respondieron a las circunstancias que estaban afectando a la sociedad en ese momento.

La última vez que se tomó esta medida fue en 1942 cuando el presidente Ávila Camacho suspendió garantías y promulgó la Ley de Prevenciones Generales con el fin de reglamentar y limitar la mencionada suspensión de garantías.

Si bien el país es otro, somos “más civilizados” y ya no tenemos pena de muerte, la realidad es que una vez más estamos viviendo circunstancias difíciles, extremas, y estamos exigimos de las autoridades que respondan con medidas extremas. Una de esas medidas por supuesto que es la suspensión de garantías, prevista en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El citado artículo establece que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos, Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste por la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación.

Para mi las condiciones están dadas para que el Ejecutivo y el Legislativo acuerden, aprueben y decreten una suspensión de garantías, un poco en los términos en que lo hizo Benito Juárez, que emitió una Ley de Suspensión de Garantías dirigida a los salteadores de caminos y plagiarios.

Igual se podría suspender las garantías para todos aquellos que cometieran los delitos de secuestro, narcotráfico y salteadores de caminos y funcionarios públicos que participen en estos delitos, estableciendo procesos especiales y sumarios. Las acciones relacionadas con el decreto, podrían ser supervisados por organismos de derechos humanos, sancionando también de forma ejemplar a la autoridad que cometiera abusos. Incluso se fortalecerían los operativos como México Seguro, dándole legalidad a muchas de sus acciones.

Este país cuenta con especialistas que podrían dar cuerpo y forma a una disposición de este tipo.

Pero para tomar estas decisiones, hay que tener agallas, llegar acuerdos y hacer de lado los intereses políticos por los intereses de todos los mexicanos ¿Los servidores públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial están al nivel de las circunstancias?